El Gobierno disuelve la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo a un año de su creación.

A través del Decreto 271/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la eliminación de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, un organismo que había sido incorporado al organigrama estatal apenas un año atrás, en abril de 2024

La secretaría fue creada con el propósito de asistir al Presidente en materias estratégicas y normativas, y su relevancia fue destacada por el Decreto 301/2024, que la consideraba una dependencia “impostergable para la gestión”. No obstante, el Gobierno resolvió ahora su disolución, en el marco de una nueva reestructuración administrativa que modifica nuevamente la Ley de Ministerios.

A partir de esta decisión, todas las competencias, recursos, bienes y personal que integraban la Secretaría disuelta serán transferidos a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, actualmente encabezada por María Ibarzábal Murphy, quien también estaba al frente del organismo eliminado.

La modificación actualiza el artículo 9° de la Ley de Ministerios (según el texto ordenado por el Decreto 438/1992), estableciendo que el Presidente contará con cinco secretarías directamente dependientes: General, Jurídica y Técnica, de Inteligencia de Estado, de Comunicación y Medios, y de Cultura.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, también se enmarca en lo dispuesto por la Ley N° 26.122, que otorga a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso la facultad de dictaminar sobre la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El dictamen, una vez emitido, debe ser elevado al pleno de ambas Cámaras para su consideración formal.

La Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo tuvo una duración de poco más de un año: desde su formalización el 9 de abril de 2024 hasta su disolución el 16 de abril de 2025. Al momento de su creación, el vocero presidencial Manuel Adorni había señalado que su función sería “colaborar en la modernización del Estado y en los cambios necesarios en materia normativa”.

La velocidad con la que se crean y desactivan estructuras en el Estado plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto hay de planificación real y cuánto de ensayo y error en el diseño de la administración pública?