El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero condicionó su aplicación
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, aunque postergó su aplicación efectiva hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. Las normas fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial, en el último día de plazo establecido para su promulgación.
En ambos decretos, el Ejecutivo aclaró que la publicación se realiza “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 24.629”, que establece que ninguna ley que autorice gastos podrá ejecutarse sin prever expresamente los fondos necesarios, quedando suspendida hasta que se asignen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
Financiamiento universitario
Mediante el Decreto 759/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.795, que garantiza el financiamiento de la educación universitaria y contempla la recomposición salarial de docentes y no docentes. La norma obliga al Estado a fortalecer los programas de bienestar estudiantil, ampliar las becas estratégicas y sostener la inversión tecnológica e infraestructura educativa.
Además, establece que el Poder Ejecutivo deberá definir las partidas presupuestarias destinadas al programa Desarrollo de la Educación Superior, con el objetivo de asegurar el ingreso, permanencia y egreso del estudiantado. También impulsa la formación docente, la extensión universitaria y la investigación pública.
El texto indica que la financiación podrá provenir de incrementos de ingresos corrientes por encima de los montos presupuestados.
Emergencia pediátrica
A través del Decreto 760/2025, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales. La normativa dispone la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura hospitalaria, medicamentos, vacunas, equipamiento y personal esencial.
También establece una recomposición salarial inmediata para los trabajadores de la salud, tanto asistenciales como no asistenciales, y una exención del impuesto a las ganancias para quienes desempeñen tareas críticas, horas extras o guardias en efectores públicos y privados.
La ley declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad, y faculta al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para garantizar su funcionamiento.