En esa línea, el Gobierno lo enmarcó en la «declaración de emergencia administrativa, económica y financiera» que impuso la gestión libertaria por «la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan» en las arcas del Estado. «Por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos», indicó el Gobierno.